Desposeernos de las pensiones, una prioridad (E. Idoate)

ELENA IDOATE. membre del Seminari d’Economia Crítica Taifa | Diagonal 15/01/13

El 1 de enero ha entrado en vigor la reforma de las pensiones acordada en el 2011 por la patronal, los sindicatos UGT y CC OO, y el Gobierno de Zapatero. Se alarga la edad de jubilación y se endurecen las exigencias para el acceso a la prestación contributiva y para calcular su importe. La mayoría de la población trabajadora obtendrá menores prestaciones.

El sistema de pensiones continúa en el punto de mira de los ataques neoliberales y la troika (BCE, Comisión Europea, FMI) insiste en recortarlo. Vincular las pensiones con la crisis es aparentemente un disparate. El sector privado está sobreendeuado y las administraciones públicas tienen que hacer frente a déficits fiscales. Pero el sistema de pensiones sigue en pie: presenta un déficit muy pequeño y contaba con un fondo de reserva de 65.000 millones de euros.

Economistas y políticos, patronal y a menudo también los sindicatos mayoritarios, vienen recitando el mismo mantra desde mediados de los ‘90: las pensiones públicas están, supuestamente, en peligro. Según dicen, crece el número de personas mayores y no habrá suficientes jóvenes trabajando, con lo cual las cotizaciones no llegarán a cubrir las pensiones, el sistema entrará en déficit y será insostenible. Estos argumentos, que se nos presentan como hechos técnicos incontestables, en realidad son falaces, bien por ser sesgados, exagerados, o, en algunos casos, falsos.

Una falacia evidente es que un posible déficit de las pensiones no pueda ser financiado. La troika entregó, el pasado diciembre, 39.500 millones de euros al Estado español para rescatar a los bancos nacionalizados. Es casi el 40% del gasto en pensiones contributivas. ¿Tenemos que creernos que no hay dinero para pensiones? Por otra parte, que las pensiones lleguen a tener déficit, o superávit, obedece al hecho de que, contablemente, tienen una caja separada y se pagan con las cotizaciones salariales. No hay ninguna otra partida presupuestaria que esté vinculada a una determinada fuente de financiación. ¿Por qué preocupa el equilibrio presupuestario de las pensiones, y no el de la monarquía, el ejército o la policía?

Un mayor gasto en pensiones puede ser pagado con cotizaciones. Basta ver cómo, bajo los auspicios de la troika, suben las tasas de los servicios y el IVA para darse cuenta de que no desaprueban que se pague más, siempre que el coste recaiga sobre las clases populares. Aunque digan que las cotizaciones sociales no pueden incrementarse porque perjudicaría al trabajo, sí que pueden subir, sin que por ello se resienta el nivel de empleo, cuyo grave deterioro nada tiene que ver con las cotizaciones. ¿Por qué, en cambio, sí se puede facilitar el despido y precarizar los contratos, cosas que sí destruyen empleo? Un modelo productivo que incluya a la población en los puestos de trabajo, en vez de expulsarla, y que estuviera orientado a mejorar los salarios, entre otras cuestiones no menos importantes, haría crecer los ingresos de la Seguridad Social. Sin embargo, la troika es absolutamente contraria a un modelo de desarrollo de estas características.

Posiciones ideológicas

Pero ¿por qué las pensiones se tienen que pagar sólo con las cotizaciones de los trabajadores? Toda la sociedad debería contribuir, especialmente aquellos sectores que acaparan la riqueza y que no están aportando. Es más, ¿por qué las pensiones son un derecho vinculado a la participación laboral? El trabajo de los hogares, parte muy importante del trabajo total realizado por una sociedad, es soportado por mujeres que no cotizan y que no reciben directamente del sistema contributivo. Es deseable y necesario que las prestaciones sean universales, ya que cada vez trabaja menos gente, menos años y más irregularmente. Las pensiones pueden no estar en peligro por su financiación, pero sí porque gran parte de la población quede al margen. Pero este problema no preocupa a la troika.

Las reformas de las pensiones se apoyan en posiciones ideológicas favorables al mercado. Dan por hecho que el reparto de la riqueza es inalterable, que el bienestar de las personas mayores no importa. Y que la pensión debe dejar de ser un derecho, para que sea cada persona individualmente quien contrate su plan de pensiones privado. En una situación de paro desbocado resulta incomprensible que alargar la edad de jubilación se convierta en una prioridad. También lo es pretender vincular más estrechamente el cálculo de las pensiones con las aportaciones, cuando se ha destruido el 15% de los puestos de trabajo durante la crisis y se está deteriorando la calidad de los empleos existentes. Y cuando muchas personas, en especial mujeres, no pueden acceder a una pensión contributiva, o lo hacen con el importe mínimo. Más insensato debería parecernos la demanda de reducir las cotizaciones sociales. Estos son los mandatos de la troika. Y detrás hay razones de peso: menos pensiones públicas y más pensiones privadas. Y si los fondos de pensiones quiebran, quizás acaben pidiendo un rescate.

Font: Diagonal

Skip to toolbar